Un mensaje común en las medidas de ajuste impuestas por los dos últimos gobiernos ha sido considerar que una de las vías imprescindibles para la corrección del déficit público era la contención de los gastos relacionados con la remuneración de los empleados públicos. El resultado ha sido la reducción y posterior congelación de las nóminas, el aumento de la jornada laboral y, lo que probablemente ha impuesto mayores dificultades a los propios funcionarios, la amortización y reducción de plazas de trabajo en la Administración.
Parece evidente que si se quiere que el reparto de los costes de la crisis sea mínimamente justo, los posibles ajustes han de involucrar a todos los agentes económicos. Es bien sabido también que, dado el peso del sector público en nuestra economía, aunque inferior al de varios de nuestros socios cercanos, la remuneración de sus asalariados supone un porcentaje no desdeñable del uso de los recursos públicos. Es cierto también que la mayor parte de éstos disfrutan de una mayor estabilidad en sus puestos de trabajo que los ocupados en el sector privado, lo que les concede un plus de bienestar. Conviene recordar, sin embargo, que la EPA parece desdecir esta afirmación, al poner de manifiesto cómo en la actualidad los contratos de duración indefinida tienen un peso prácticamente igual en ambos sectores, cercano al 75% del total, lo que se explica sin duda por el efecto demoledor que ha tenido la crisis sobre los asalariados temporales del sector privado.
Poco hay que reprochar a estos argumentos. Son menos discutibles, ciertamente, que la habitual retahíla de lugares comunes (excesos, absentismo, presunción de ineficiencia y muchos otros), tan arraigada en el imaginario popular, que suele esgrimirse para justificar este tipo de recortes. La mayoría de estos estereotipos no suelen resistir el contraste empírico. Tampoco creo que algunas de las críticas que se vierten contra las actuaciones recientes sean las más relevantes. Es el caso, por ejemplo, de la frecuente manifestación de que el recorte del salario de los empleados públicos ni hace crecer la economía ni crea empleo. No es que tal afirmación sea irrelevante sino que es obvia. Los recortes del gasto no hacen que la economía crezca.
Tal vez tengan más peso otras consideraciones que cuestionan las políticas de recortes que sitúan a los empleados públicos en el centro de la diana. Una fundamental es que cuesta mucho descubrir cómo se relacionan las medidas adoptadas con una idea definida y clara del tipo de sector público que se quiere para la economía española. ¿Responden estos recortes a un objetivo determinado sobre el alcance y dimensión del sector público? ¿Qué diseño se quiere para éste? ¿Cómo conectar los recortes con la aspiración de alcanzar un tamaño supuestamente óptimo, una estructura eficiente, una correcta delimitación de funciones y un conjunto de instituciones que sean capaces de mejorar la eficiencia y reducir la desigualdad? En las actuaciones seguidas hasta el momento ha habido poco de esto. Sin referencia a ese punto de llegada es difícil que los recortes aplicados no acaben por causar pérdidas en la eficiencia de la intervención pública, además de serios problemas de inequidad en determinados servicios, dada la imprescindible presencia de empleados públicos en aquellos que son básicos para el bienestar de los ciudadanos, como son la sanidad o la educación.
Una segunda cuestión es el desconocimiento generalizado por parte de los analistas y ciudadanos de las características de la estructura de remuneraciones en el sector público. Se olvida a menudo que también en la Administración existen nóminas muy bajas. Aunque el salario medio es superior al del sector privado esto no evita que en los niveles administrativos inferiores las remuneraciones estén muy por debajo del salario medio nacional. Los ajustes, además, parecen orillar una contribución clave del empleo público al bienestar de la sociedad. Si bien la literatura dedicada a evaluar el papel del empleo público como un instrumento igualador de las rentas del trabajo no es abundante, en varios países se ha podido constatar de forma contundente su importante papel compensador de las desigualdades salariales que existen en el sector privado de la economía. Su comportamiento, en algunos casos contracíclico, la menor dispersión de las remuneraciones y la tendencia a igualar las rentas de los individuos que cuentan con la misma antigüedad y cualificación en un determinado puesto de trabajo, son algunas de las razones que explican la capacidad niveladora de las remuneraciones por parte del sector público.
Pero, sobre todo, las políticas de recortes han dejado una vez más de lado la principal reforma pendiente en el ámbito del empleo público. El fuerte arraigo del garantismo burocrático en la vida de las organizaciones administrativas y las dificultades para medir la productividad y establecer sistemas de incentivos siguen lastrando su funcionamiento. Queda postergada la articulación de acciones que mejoren los incentivos de los empleados públicos sin rebajar la calidad de los servicios prestados ni mermar el componente redistributivo del sistema actual.
(bAg): Blog de economía de la AldEa Global 