¿Se puede reindustrializar España? (y II)

En una entrada anterior se ha hecho referencia a las propuestas de reindustrialización surgidas en la UE y EE.UU en fechas recientes. En esta entrada vamos a analizar hasta qué punto puede decirse que España está experimentando un proceso de desindustrialización y también hablaremos de los factores que contribuyen a la pérdida de peso de la industria.

La relación entre la participación de la industria en el empleo total y el nivel de renta per cápita de los países  tiene forma de U invertida. En las fases iniciales del desarrollo crece la participación de la industria y a partir de un punto comienza a descender de forma regular. Se trata de un fenómeno bastante documentado: ver, por ejemplo, el  Gráfico 4 de este artículo de M. Sposi y V. Grossman, (aquí).

En el Gráfico que se reproduce a continuación se compara la trayectoria de las manufacturas en España con la senda media de los países de la OCDE. El trazo negro es la relación en forma de U invertida, mencionada en el párrafo anterior, para la trayectoria promedio que han seguido los países de la OCDE. Los puntos azules describen la trayectoria que ha seguido España desde 1980.

Relación entre el peso del empleo manufacturero y el PIB per cápita en los países de la OCDE. En azul la trayectoria de España

 Fuente: Elaboración propia con datos de OCDE, STAN Rev. 2008

Los rasgos más sobresalientes de la comparación se pueden resumir en tres puntos. En primer lugar,  España se sitúa por debajo de la senda media de la OCDE. Esto quiere decir que, para un nivel dado de PIB per cápita, el peso de las manufacturas en el empleo es en España aproximadamente 3 puntos porcentuales inferior al que le correspondería de acuerdo con el patrón medio de la OCDE. En segundo lugar, este fenómeno se produce desde los primeros años de la década de 1980, coincidiendo con el proceso de Reconversión industrial que se produjo entonces. En tercer lugar, en los diez últimos años, el peso de las manufacturas cae relativamente más en España, pudiendo afirmarse que hay una divergencia creciente con respecto al patrón medio de la OCDE. En resumen, de la comparación parece desprenderse que España está experimentando un proceso de desindustrialización semejante al de otros países desarrollados pero de magnitud más intensa, sobre todo en los quince últimos años.

Constatado lo anterior, podemos preguntarnos por los factores que hay detrás de la pérdida de peso de la industria en la actividad económica. En principio, estos factores pueden agruparse en tres grandes categorías.

La primera podría calificarse con el término: cambio estructural. La productividad de la industria crece más que la del resto de sectores y da lugar a una disminución de sus precios relativos. En paralelo, la demanda relativa de los bienes industriales no ha respondido a estos menores precios relativos con un aumento del consumo relativo de bienes industriales sino, al contrario, con reducciones sistemáticas (en las últimas décadas el gasto nominal en bienes respecto a servicios ha estado cayendo a tasas anuales superiores al 1% anual en la mayoría de países desarrollados). Por tanto, la evolución del empleo industrial ha quedado, durante las últimas décadas, en todos los países desarrollados, por detrás de la evolución de los servicios. Es decir, el crecimiento económico desencadena un mecanismo de cambio estructural que hace que el sector industrial, a través del juego de su productividad, precio y demanda relativas, reduzca su peso en el conjunto de la economía. R. Lawrence y L. Edwards (aquí) lo han analizado para EEUU y su conclusión es que este fenómeno, el cambio estructural, es el factor explicativo más importante para dar cuenta de la disminución del tamaño relativo de la industria de EEUU, hasta suponer, en la actualidad, menos del 10% del empleo total. Para los países de la UE, R. Veugelers (aquí) ofrece evidencia similar.

La segunda está relacionada con el comercio exterior. Una demanda interna abastecida de forma creciente por importaciones puede erosionar el empleo de los sectores más expuesto a la competencia exterior. El conocido artículo de D. H. Autor, D. Dorn y G. H. Hanson (aquí), que analiza el impacto de las importaciones chinas (estrechamente relacionadas con el offshoring) sobre el empleo manufacturero de EEUU, tomando como referencia más de setecientas áreas metropolitanas, llega a la conclusión de que el 25% de la caída del empleo manufacturero se ha debido al aumento de dichas importaciones. Un ejercicio de enfoque similar hecho con datos de provincias españolas por V. Donoso, V. Martín y A. Minondo (aquí) obtiene como resultado un efecto de magnitud similar. Sobre esta cuestión A. Minondo ha escrito una interesante entrada en este blog (aquí).

Hay una tercera categoría de carácter residual que, a falta de mejor nombre, llamaré: otros factores. Éstos incluyen la externalización de actividades de servicios que antes se realizaban dentro del perímetro del sector y que pasan a contratarse fuera de él. La compra externa de servicios (publicidad, auditoria, sistemas de información, formación de personal, etc.) representa una fracción creciente del output industrial (aquí, evidencia para varios países europeos). Otro factor que hay que incluir en esta tercera categoría es la creciente terciarización de la industria. Las empresas industriales producen cada vez más, de forma integrada, servicios. Por esta razón, muchas dejan de realizar como actividad principal tareas industriales. Un estudio reciente sobre Dinamarca, de A. Bernard, V. Smeets y F. Warzinski (aquí), concluye que en torno a la mitad de la reducción en la cuota del empleo manufacturero, la desindustrialización a la que nos estamos refiriendo, se debe a cambios de actividad de las empresas desde la industria hacia los servicios.

Los factores señalados han sido examinados en un artículo que aparecerá próximamente en un número monográfico sobre la industria española de Papeles de Economía Española (aquí), escrito en colaboración con Ana Martín-Marcos y Francisco J. Velazquez. En él llegamos a la conclusión de que los tres factores indicados contribuyen al proceso de desindustrialización de España, así como al de otros países de la UE. Aunque no podemos decir la magnitud con la que contribuye cada uno de ellos, se desprende del análisis que el cambio estructural, la externalización de servicios y la terciarización de la industria, que son factores relativamente permanentes, van a seguir actuando en los próximos años. Por tanto, es un poco temerario formular objetivos de reindustrialización en términos de incrementar el peso de la industria. La pérdida de peso relativo de la industria, tanto en empleo como en valor añadido, es previsible que continúe los próximos años.

Las reflexiones anteriores no pretenden agotar, como es obvio, un tema muy amplio y con muchas vertientes de análisis. El cambio tecnológico actual está modificando la naturaleza de la industria, como en el pasado el desarrollo industrial modificó la posición de la agricultura en el sistema económico. Comprender estos cambios es clave para diseñar una política industrial nueva que contribuya al crecimiento económico. He tratado de argumentar que la fijación de objetivos cuantitativos sobre el porcentaje que debe alcanzar la industria en el PIB no ayuda demasiado a formular políticas que promuevan el fortalecimiento de la industria.

 

¿Se puede reindustrializar España? (I)

 

La crisis ha hecho renacer el interés por la industria. La situación de declive relativo en que se encuentra la actividad industrial frente a los servicios, ha dado impulso a la idea de desarrollar políticas que promuevan la existencia de un sector manufacturero sólido y estable. Aunque no se diga, detrás de este planteamiento subyace la idea de buscar una especialización productiva con mayor peso de sectores de alto valor añadido, elevada productividad y con cualificación del empleo y salarios altos. En el sector manufacturero hay un núcleo amplio de actividades que cumple estos requisitos.

La UE parece estar a favor de este enfoque reindustrializador. El actual Presidente de la Comisión Europea, en la presentación de sus orientaciones políticas al Parlamento Europeo, en julio de 2014, dice: “debemos elevar el peso de la industria en el PIB de la UE, desde el 16% actual al 20% en 2020” (aquí). Este punto de su agenda se apoya en una Comunicación de la anterior Comisión Europea (COM-508), del año 2012, donde se define un esquema nuevo de política industrial para los países de la UE. El esquema está basado en seis líneas de actuación prioritarias: tecnologías avanzadas de fabricación, tecnologías facilitadoras esenciales, bioproductos, construcción y materias primas sostenibles, vehículos limpios y redes inteligentes. (aquí)

El objetivo de la agenda de Jean-Claude Juncker está basado, por tanto, en una estrategia bastante elaborada que recoge explícitamente un planteamiento de reindustrialización de la UE. Este nuevo enfoque define objetivos sectoriales concretos y rompe en cierta medida con una política anterior de corte más horizontal.

Al otro lado del Atlántico encontramos planteamientos de política industrial similares. En su Discurso del Estado de la Unión de 2012, Barak Obama defiende un programa de medidas para conseguir que “la recuperación económica comience por las manufacturas” (aquí).

Aunque puede decirse que el objetivo de reindustrialización es similar en Europa y en EE.UU, sin embargo hay diferencias importantes de planteamiento. El de la Administración Obama se basa en la idea de conseguir relocalizar en suelo de EE.UU. actividades manufactureras de empresas que practicaron con intensidad el offshoring durante las dos últimas décadas. En el caso de la UE el planteamiento está más relacionado con la idea de invertir la tendencia de declive industrial en Europa y de recuperación del terreno perdido en el ámbito de las nuevas tecnologías.

Siguiendo una orientación parecida, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha presentado, en septiembre de 2014, una Agenda para el fortalecimiento de la industria en España que establece como criterio la “necesidad de cambiar el modelo productivo para que la industria tenga un mayor peso en el PIB nacional” (aquí). El documento no cuantifica, como ha hecho la UE, el porcentaje en que debe incrementarse el peso relativo de la industria.

Se advierten algunas otras diferencias de enfoque con respecto a la UE. La Agenda contiene una lista muy amplia de medidas agrupadas en diez líneas de actuación que pertenecen, en la mayoría de casos, al ámbito de las políticas horizontales (I+D+i, apoyo a la internacionalización, etc.). Es decir, la propuesta no está tan orientada a objetivos sectoriales o tecnológicos concretos ni tiene un enfoque novedoso como el documento de la Comisión Europea.

Es fácil justificar el interés de promover un sector manufacturero sólido y con un peso relativo creciente. El gráfico ilustra el papel que juega este sector en la exportación (el porcentaje que supone de las exportaciones totales), en el gasto empresarial en I+D o en el crecimiento de la productividad agregada. En la UE el peso relativo del sector está entorno al 15% y las contribuciones superan todas el 50%. En España la situación no es muy distinta salvando la contribución algo menor de la productividad.

 Fuente: R. Veugelers (2013) Manufacturing Europe’s future (2013), para los datos de la UE e INE para España

 

Respecto al planteamiento más frecuente de política económica que busca cambiar el modelo productivo a través de reformas de los mercados de factores y de productos, modificando las condiciones en que se produce, la propuesta de reindustrialización apunta de manera más directa hacia cambios en qué producir. ¿Es realista este planteamiento en el contexto de España? En una próxima entrada seguiremos tratando esta cuestión.

A vueltas con la competitividad

En esta entrada doy noticia del último número monográfico de la Revista Cuadernos Económicos de ICE dedicado a Comercio internacional, empresa y competitividad (ver aquí). Los diez artículos del número, en los que hemos participado 23 autores, ofrecen un panorama bastante completo sobre cuestiones relacionadas con el comercio y la inversión exterior de la economía española.

Uno de los temas recurrentes de varios artículos, como no podía ser de otro modo, es el análisis de la competitividad exterior de la economía española. El buen comportamiento de las exportaciones durante 2011 y, en general, el mantenimiento de la cuota de las exportaciones españolas en el comercio mundial durante la última década, que ha documentado Elisa Álvarez en este blog (ver aquí), parece ir en contra de varias debilidades conocidas. Entre ellas, la fuerte especialización de España en sectores de baja intensidad tecnológica que hace que sus exportaciones sean muy vulnerables a la competencia de países emergentes de bajo coste. Tampoco ayuda, en segundo lugar, la diversificación geográfica de las ventas, muy concentradas en Europa y con escasa presencia en las áreas actualmente en expansión en la economía mundial. Por no hablar, en tercer lugar, de la pérdida de competitividad-precio acumulada desde la integración en la UEM, sin poder echar mano, como en el pasado, del tipo de cambio.

Seminario en Harvard

Esta semana se ha celebrado en el Real Colegio Complutense de la Universidad de Harvard el Seminario de Economía Internacional que organiza anualmente la Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado (TCEE), con el patrocinio de la Fundación CECO y la Fundación Rafael del Pino. Es la tercera ocasión en que se celebra, reuniendo a un conjunto destacado de profesores de la Universidad de Harvard y del MIT. Este año el programa ha contado con la participación de Daron Acemoglu, Esther Duflo, Dani Rodrik, Nathan Nunn, Greg Mankiw, Gita Gopinath, Emmanuel Fhari, Douglas Irwin, Pol Antràs y Fritz Foley.  El director del semanario es Pol Antràs y Vicente Montes, Presidente de TCEE, el  encargado de que se celebre un acto de características tan excepcionales como éste.

El objetivo de esta breve nota es dar noticia de las actividades que se han desarrollado en el seminario y acompañar dicha información con algún comentario. Las sesiones del seminario permiten asomarse a la investigación que se está haciendo en determinados campos del análisis económico en ambos centros de referencia mundial, la Universidad de Harvard y el MIT. La actividad es muy recomendable tanto para los técnicos superiores de la administración pública como para los académicos que hemos tenido la fortuna de asistir estos días a las sesiones.

COMPETENCIA Y REFORMAS: EL MERCADO DE CARBURANTES

El Informe Anual del Banco de España (ver aquí) publicado esta semana vuelve a plantear la necesidad de intensificar la competencia en el sector de la distribución de carburantes. En 2010 el barril de referencia en Europa se encareció en media el 35% pero en España el aumento del precio antes de impuestos de los carburantes fue mayor que en el conjunto de la zona euro.

La opinión del Banco de España coincide con la emitida el pasado mes de marzo por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en su Informe de seguimiento sobre la competencia en el sector de carburantes de automoción (ver aquí), actualización de otro previo publicado en 2009 (ver aquí). El informe concluye que existen serios problemas de competencia en el sector de la distribución de carburantes. El Cuadro reproduce los cálculos hechos por la Comisión sobre los precios antes de impuestos de la gasolina y del gasóleo de automoción en España respecto al de los países de la UE. Los precios son más altos en España respecto a la mayoría de países de la UE. Los márgenes brutos del transporte y la distribución estimados en el informe también son superiores en España. La información se refiere a 2010 y estima el sobrecoste pagado por los consumidores españoles en 1.600 millones de euros.

El informe de la CNC asocia los diferenciales de precios y márgenes en el sector de carburantes con la existencia de barreras a la entrada de nuevos operadores, tanto en el segmento mayorista como en el minorista. En el primero, la empresa CLH es propietaria de los oleoductos que constituyen el canal de distribución más eficiente para conectar las refinerías con los puntos de consumo. Las tres principales operadoras (Repsol, Cepsa y BP) controlan el 30% del capital de CLH. La estructura de propiedad favorece la fijación de tarifas de acceso a la red elevadas con el objetivo de disuadir a otros operadores de entrar al mercado. En el segmento minorista la concentración de estaciones de servicio es la más alta de la UE con un CR3 del 66%. Además, mecanismos como la venta de gasolina a través de las grandes superficies comerciales que han dinamizado recientemente el mercado europeo, en España tienen una cuota de mercado bajísima.

La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos ha criticado los argumentos de la CNC (ver aquí) señalando que el Boletín Petrolero de la UE, la fuente de información utilizada por la CNC, no es fiable para hacer comparaciones de precios debido a que los países utilizan diferentes metodologías. Sin embargo, la mayor parte de estas críticas carecen de fundamento. A titulo de ejemplo, se indica que los países recogen información de precios en días distintos de la semana, sin embargo los precios más altos de España se vienen registrando mensualmente de manera continuada durante los últimos tres años.

 Todo apunta a que la débil competencia está en el origen de los precios más elevados que pagan los consumidores españoles por los carburantes de automoción. Para corregir esta situación la CNC propone  que se regule el precio de acceso a la red de transporte de hidrocarburos por oleoducto, que los operadores al por mayor salgan de la propiedad y la gestión de CLH, que se tengan en cuenta criterios de competencia en la concesión de estaciones de servicio en las carreteras y que se facilite la apertura de estaciones de servicio en los grandes establecimientos comerciales.

No es la primera vez que, en fechas recientes, se señala con el dedo a sectores productivos concretos de la economía española con problemas de competencia. Recuérdese la decisión de la Comisión Europea (ver aquí) relativa al mercado de acceso a Internet con banda ancha. España ha tenido durante un periodo de tiempo muy prolongado los precios más altos de acceso a Internet de la UE debido a una práctica de estrechamiento de márgenes entre el precio minorista de Telefónica y el precio para el acceso mayorista de otros proveedores.

En las industrias de red se ha hecho en los últimos años, en España, un importante esfuerzo de liberalización y de reforma regulatoria. Sin embargo, en el mercado de carburantes y en determinados segmentos de las telecomunicaciones han de darse pasos adicionales para intensificar la competencia. En este sentido, las mediadas de fomento de la competencia en los mercados de bienes y servicios son un componente más de las reformas estructurales que precisa la economía española para salir de la situación actual de crisis. Un componente tan importante como la reforma laboral o la reestructuración y recapitalización del sistema financiero. Igual de importantes y con efectos más rápidos sobre el empleo y sobre la mejora del bienestar de la población.

¿Por qué los bancos son los mayores dueños de suelo?, por Paloma Taltavull

Se reproduce a continuación una entrada de Paloma Taltavull (Universidad de Alicante) sobre las relaciones entre el sistema bancario y la crisis inmobiliaria:   

El ciclo residencial se aceleró a partir de 2002 como resultado del impacto simultáneo de tres factores de demanda, como fueron el crecimiento de la población, la generación de empleo y liquidez suficiente para respaldar la financiación a la vivienda. En España, esta coincidencia encontró una rápida reacción de la oferta, cosa que no sucedió en otras economías europeas, que se  tradujo en un aumento del ritmo de edificación que alcanzó cifras de viviendas en construcción de 1.200-1.500 mil unidades desde bien entrado el nuevo siglo, frente a la media de 700-900 mil por año de mitad de los noventa. Estas cifras fueron posibles porque no actuaron las restricciones habituales que ajustan ciclos expansivos tan fuertes, como son las limitaciones desde los inputs, fundamentalmente desde el mercado de  suelo. La década de los noventa se estrenó en España con una mayoría de planes de ordenación urbana recién aprobados, con  sus regulaciones más flexibles siguiendo el ritmo impuesto por la Ley Valenciana desde 1996. La flexibilización en la creación de suelo, y las contradicciones entre las regulaciones locales y la nacional, generaron situaciones irregulares en su asignación y desorden en las ejecuciones de las nuevas áreas urbanas en algunos casos, pero también un proceso desconocido de flexibilidad en la aportación de suelo nuevo. Este hecho generó que este factor no limitase el proceso expansivo de la edificación, como había sido habitual en otros ciclos, a la vez que no se produjesen incrementos sustanciales de su precio, hasta 2002 aproximadamente. La transformación en el uso del suelo durante este período alcanzó cifras históricas en la mayor parte de las regiones de España.

Desde 2006, las continuas advertencias sobre la existencia de especulación y las dudas suscitadas en el Parlamento Europeo sobre la legalidad de algunas leyes de suelo, convencieron a las autoridades (locales  y nacionales) para ralentizar el proceso de autorización de los planes nuevos de ordenación que iban apareciendo para ser aprobados a medida que el proceso edificador agotaba el suelo existente.  La mayor parte de los planes fueron dejados en barbecho por la autoridad reguladora y, en una fase expansiva como la que se experimentaba, la falta de nuevo suelo tuvo como consecuencia la que cualquier economista hubiese podido adelantar: un extraordinario aumento de los precios del suelo, tanto del que tenía permiso como del que esperaba para ser desarrollado.

Este proceso es suficiente para entender por qué el precio del suelo sufrió un salto rápido desde 2006, como aparece en el gráfico, pero no lo es para comprender las razones de que el suelo se encuentre en manos de la banca. Ha habido un cambio más que ha generado que, en este ciclo, el suelo se haya convertido en el centro del huracán, y es una de las diferencias con respecto a las crisis inmobiliarias anteriores. Mientras que hasta entrada la década de los noventa los créditos a promotor se concedían sin tener en cuenta el suelo, es decir, el promotor debía tener el suelo (del proyecto a construir) en propiedad antes de solicitar la financiación, desde mediados de los noventa el sistema financiero amplió la posibilidad de financiación también a la compra del suelo. Este hecho supuso que el suelo también podría entrar dentro del cómputo del total del crédito a solicitar y que (y esta puede ser otra explicación de la flexibilidad en la oferta de edificación) una parte importante de los proyectos de construcción no necesitasen importantes aportaciones de capital inicial por parte de la empresa, ya que el crédito cubría todo el proceso: la compra del suelo y la construcción.

Con las restricciones a la aprobación de nuevos planes, el precio del suelo empezó a crecer con mayor intensidad en un contexto en el que se mantenían poderosas fuerzas de demanda, todavía con capacidad de pago. Así las cosas, los planes de promoción (entre el diseño de un proyecto y su finalización pueden pasar perfectamente cuatro  años) ya con suelo a elevado precio, siguieron financiándose. La restricción crediticia asestó su primer embate a los proyectos en construcción o para construir, pero ya con el crédito concedido, por lo que la garantía, el suelo, fue la primera en ejecutarse para cubrir la cantidad dispuesta en cada una de las financiaciones.

A partir de aquí, no es del todo exacto que el sistema financiero tenga todo el suelo para construir, ni que el que tenga en sus balances sea imposible de absorber. Dado que los planes se desbloquearon pasados dos años, la oferta de suelo puede crecer más y ajustar sus precios medios hacia un nivel de equilibrio más acorde con el de largo plazo. Si esto ocurre, existirán dos mercados de suelo: el caro (procedente de los restos de la crisis) y el más ajustado (suelo nuevo). Esto ya ha ocurrido anteriormente en el mercado de la vivienda (años 1992-1994), y el equilibrio se logró en un plazo medio razonable y sin sustanciales caídas en los precios.

La cuestión relevante ahora es qué hacer con todo ese suelo endeudado, posiblemente no tanto por el excedente (que no lo es) sino por el endeudamiento financiero asociado a él. El argumentar que hay un exceso comparando las superficies actuales con las necesarias en relación a los años de máxima actividad, no parece razonable. El desarrollo del suelo tiene su progresión en el tiempo y, a medida que torne la actividad normal a la edificación, se demandará suelo para la construcción. Sin embargo, el hecho de que esté concentrado en pocas manos (financieras) puede repercutir en una restricción desde los inputs que dificulte la evolución normal futura en el sector de la edificación. Por otro lado, este suelo alcanzará el valor que ahora tiene en los balances con un poco de tiempo, incluso lo superará en el medio plazo, por lo que la acumulación puede ser un buen negocio para las empresas, aunque ahora se plantee como un problema para la solvencia por el montante de financiación asociado a él.  El suelo debería estar en el sector que lo utiliza, bien siendo comprado por empresas dedicadas a constituir bolsas de suelo o bien por instituciones públicas, que pueden alquilarlos para la construcción de viviendas públicas, por ejemplo.

La innovación en época de crisis

Científicos e investigadores alzan su voz, desde hace meses, contra los recortes en el gasto público en investigación, señalando que esta reducción acabará poniendo en cuestión las bases de la competitividad futura de la economía española.

 Los recortes que se han producido en los presupuestos de 2010 y 2011 han supuesto una reducción del gasto en I+D del -5,5 y del -7 por 100, respectivamente. Como el gasto público en I+D representa en España algo más del 50 por 100 del gasto total, los recortes pueden acabar teniendo consecuencias significativas sobre el comportamiento de los gastos totales en innovación.

¿Qué evidencia hay sobre el impacto de estos recortes? ¿Cómo está respondiendo la actividad innovadora ante la intensa crisis por la que atraviesa la economía española? Hay que comenzar diciendo que la fuente de referencia, la Encuesta de  innovación tecnológica, se publica con mayor desfase temporal que otras estadísticas. En este momento se dispone sólo de información hasta el año 2009 (ver aquí). Hasta los meses finales de 2011 no se conocerá el dato de 2010. En segundo lugar, el concepto de gasto en innovación tecnológica es algo más amplio que el concepto de gasto en I+D, al añadir los gastos en formación vinculados con la innovación o la inversión en equipos usados para introducir innovaciones, entre otros conceptos.

El gráfico resume la evolución de la intensidad innovadora en España desde el año 2005 hasta 2009 en dos colectivos: la población de empresas grandes (con 200 o más trabajadores) y las empresas con actividad  innovadora regular que tienen más de 10 trabajadores. La información esta elaborada a partir del Panel de Innovación Tecnológica (PITEC) (ver aquí) y será publicada en las próximas semanas en el Informe anual de COTEC sobre Tecnología e Innovación en España (ver aquí)

La intensidad de los gastos en innovación se ha mantenido muy estable en los últimos años. En 2009, un año en el que el PIB ha disminuido el 3,7 por 100, la intensidad innovadora de las empresas ha aumentado ligeramente. En términos absolutos los gastos en innovación se han reducido, en torno al 4,5 por 100 en las empresas con actividad innovadora, pero la reducción ha sido menor que la caída de las ventas. Como una parte del gasto en innovación es fija y además tiene carácter hundido fluctúa menos que la producción. Por esta razón cabe esperar una cierta estabilidad de la intensidad innovadora de la economía española en los dos próximos años. En 2009 el sector empresarial redujo su gasto en I+D el 6,3 por 100 y el sector público lo aumentó el 5,8 por 100. Ya sabemos que en 2010 y 2011 el sector público ha recortado sus gastos, le corresponde al sector privado mantener el esfuerzo innovador. Pronto confirmaremos si es así.