¿El Comercio electrónico “un agujero negro de defraudación”, esta y otras afirmaciones son recogidas por expertos en «Internet como un paraíso fiscal», artículo que publica el diario El País. He de confesar que la lectura me ha dejado intranquilo. Los especialistas en Derecho mercantil o fiscal tienden a simplificar el comercio electrónico como una vertiente más del comercio. Una base más para aplicar impuestos en momentos de apremio del déficit y el reclamo de algo que «escapa al control» de las autoridades de nuestro país.
Ni se piensa en la naturaleza de Internet, las reglas que rigen o las estrategias que definen su desarrollo y éxito. ¿Podemos plantear un proteccionismo en el caso de Internet?. Esto es, discriminamos las IP según origen, naturaleza, y consecuentemente nos prestamos a que hagan lo mismo con nosotros… ¿Nos arriesgamos a restringir el aceso internacional al conocimiento, la innovación tecnológica, a los servicios avanzados…?
Nuestras pifias “regulacionistas” en Internet
Internet es por naturaleza abierto y global. Con muy bajas barreras de entrada. Muy difícil, por no decir imposible, someterlo a regulación. Basta recordar el fiasco y hasta ridículo de la regulación de los dominios en España (las punto “es”) hace una década. Internet no permite, o al menos tolera muy mal, los tratamientos burocratizados. Hace unos diez años nuestro país se unió a Bolivia como uno de los dos únicos ejemplos existentes en el mundo para regular y burocratizar al máximo los dominios. El resultado fue catastrófico. Mientras todos los países daban las máximas facilidades y crecían en términos exponenciales, en nuestro caso, el crecimiento era insignificante. Era más fácil para las empresas españolas comprar dominios genéricos con, net, org o incluso dominios nacionales en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido o muchos países latinoamericanos. Además, la imagen que dábamos ante nuestros emprendedores o el mundo de Internet era de analfabetismo digital. Recuerdo que lo transmití a los responsables más directos y como respuesta obtuve un informe de 200 folios argumentado jurídicamente que España estaba en lo cierto. Hoy, la Ley Sinde es una reedición de este tipo de criterios.
La situación fue también similar cuando Jordi Sevilla en su etapa en el Ministerio de Administraciones Públicas impulsó acertadamente la Ley de la Administración Electrónica y nos reunió en una Comisión de expertos a un buen número de representantes de empresas e instituciones, junto a un no menos elevado número de legisladores (incluso expertos en Derecho Constitucional). Y en realidad estaba en lo cierto, el apoyo o base legal, el BOE, era la única forma de sacar el tema adelante en una administración como la española. Aunque muchos de los que estábamos en la Comisión nos costaba trabajo comprenderlo y preferíamos que se pasara a la acción con retos como la reingeniería de procesos, la eficiencia de los servicios públicos online, etc. Sin embargo, he de reconocer que nos hubiéramos chocado con una maquinaria burocrática ávida en poner pegas y todo tipo de trabas.
Esta mentalidad, esta cultura reguladora, sin embargo, choca con la naturaleza de Internet y las necesidades de los emprendedores que protagonizan esta revolución. Empresas como Zara, cuando se adentran en el comercio electrónico se limitan a seguir al resto: Google, Facebook, Linkedin, Twitter y un montón de pequeñas y medianas empresas, start-up y empresas de base tecnológica incluidas. Irlanda y Estados Unidos, junto a un reducido número de países, están ganando la batalla. No porque sean paraísos fiscales, sino porque han comprendido la naturaleza de Internet y lo decisivo de hacer apuestas estratégicas para favorecerlo.
La voracidad fiscal en el caso de Internet puede llevar a la empresas a ningunear a España. Más grave que no recabar impuestos es no generar empleos e incrementar el gasto vía prestaciones de desempleo. Por no hablar de los enormes costes para un país del subdesarrollo relativo de su economía digital.
Un ejemplo real, la publicidad en Internet
Aunque suene ficticio voy a exponer un situación real en el mundo de la publicidad digital. Supongamos una empresa con sede fiscal en España que tiene su hosting en Estados Unidos (ubicación de los servidores web de pago que dan acceso a todas las páginas web que ven en todo el mundo, incluida España), inserta en su página publicidad de una agencia ubicada en Argentina. Que a su vez ha contratado online sus servicios a anunciantes japoneses. El ciclo se cierra cuando un usuario de cualquier parte del mundo, por ejemplo de la India, ha hecho click en un anuncio de esa página servida desde los Estados Unidos por la empresa española en cuestión. Así pues, esta última recibe un cheque por facilitar sus soportes que son vistos en la India gracias a la intermediación de la agencia argentina y los anunciantes japoneses, y con información ubicada en la “nube” de una empresa de USA. Todo esto se produce en la intimidad de la privacidad de datos que nos aseguran nuestras respectivas legislaciones.
Supongamos que Hacienda, independientemente de la naturaleza del hecho y los sujetos fiscales opta por regular imponiendo una tasa equiparable a un ingreso publicitario convencional en España. ¡Nuestra Hacienda puede dormir tranquila!. Y nuestra empresa española que está compitiendo internacionalmente quedará en desventaja con respecto a todas las empresas de Internet ubicadas en países donde o no se grave nada o sencillamente el tratamiento fiscal sea más favorable. Esto es, en un sector difícil y clave para nuestra economía estaremos echando piedras contra nuestro propio tejado.
Situaciones similares pueden darse con el comercio electrónico. De hecho la publicidad es parte de los servicios que conforman este tipo de transacciones digitales. No es un tema para el regulador. Nos jugamos el ser o no ser en el ámbito de Internet.
Internet rompe las fronteras
España haría bien en tomar nota de lo que hacen Estados Unidos e Irlanda. Hace escasas semanas estuve en Dublín y tuve la oportunidad de observar que, pese a dureza de su crisis financiera e inmobiliaria inicial, la economía irlandesa da signos de empezar a caminar. Las noticias se centran en los beneficios de Google, la compra de Motorola, la creación de más start-ups etc. Internet no genera las condiciones para un paraíso fiscal: sencillamente globaliza el comercio y rompe las fronteras administrativas y de todo tipo. Para un país que se resista a comprenderlo, como España, esto puede tener un alto coste.
Es lógico que para evitar esas desventajas fiscales nuestras empresas tecnológicas o de comercio electrónico se trasladen (con muy escaso coste) a Irlanda, Estados Unidos o Luxemburgo. En algunos de estos países reciben además incentivos, ayudas o las notables ventajas derivadas de establecerse en auténticos ecosistemas de innovación, gracias a una masa crítica de empresas relocalizadas cada vez más importante.
Como comenta el diario El País, EE UU e Irlanda compiten por atraer a las empresas españolas ofreciendo entornos como el Silicon Valley o Dublín, con incentivos y todo tipo de facilidades. Mientras en España, en cambio, se grava con un IVA del 4% el libro tradicional y con un 18% el electrónico. Esto es, tratamos de darle un balón de oxígeno a una industria editorial tradicional en declive para negárselo a un sector tecnológico de futuro. Anteponemos la voracidad fiscal a nuestro posicionamiento en sectores estratégicos generadores de innovación tecnológica, cultura empresarial de futuro, empleo y riqueza.
Así nos va.
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Andrés Pedreño Muñoz
Instituto de Economía Internacional
Universidad de Alicante
(bAg): Blog de economía de la AldEa Global 